|
EFE
El 31 de enero pasado un supuesto ladrón hizo dos tiros dentro de la camioneta de la fiscal Gladyz Echaíz sin herirla y sin robarle nada.
|
Paola Ugaz
Lima, Perú
La fiscal general de Perú, Gladyz Echaíz, en entrevista con Terra Magazine, denuncia que "están amarrados de brazos" porque el juzgado les quitó el material incautado a ex funcionarios de la Marina de Guerra implicados en el escándalo por espionaje industrial que por estos días es tema común en el país andino, cuando apenas habían podido analizar el 8 por ciento de lo incautado.
Los ex miembros de la marina detenidos están vinculados con Vladimiro Montesinos, quien fuera considerado como el poder en la sombra durante la presidencia de Alberto Fujimori y está preso desde el 2001 en una cárcel militar. Manejaban máquinas y contactos con las empresas de telefonía para desarrollar el espionaje o "chuponeo", como le llaman en Perú.
Echaíz afirma que el caso se encuentra paralizado por el pedido de la jueza María Martínez a la fiscalía de manejar el material incautado a los espías y que serviría de prueba contra el grupo de ex marinos.
La semana pasada fueron detenidos por el mismo caso directivos de la empresa Business Track (BTR), como los responsables de esa red de espionaje industrial, que involucraba a las empresas más importantes del rubro de cementos, hidrocarburos, tecnologías agrícolas.
En medio de la pesquisa, el 31 de enero pasado la fiscal Echaíz sufrió un extraño atentado contra su vida, en el que un supuesto ladrón hizo dos tiros dentro de su camioneta sin herirla y sin robarle nada.
El material que se incautó a los espías de BTR se encuentra disperso en 29 cuerpos de computadoras, 26 discos duros, 25 audios, 25 USB, 3 computadoras portátiles, 337 transcripciones de correos electrónicos y 672 discos compactos.
Los detenidos fueron los ex marinos Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio; cuatro ex sub -oficiales de la Marina y la "dama digital", Giselle Gianotti, quien era el contacto entre los empresarios y los espías electrónicos.
Ellos montaron un servicio que espió al ex ministro de defensa, Allan Wagner; el ex ministro de vivienda, Hernán Garrido Lecca; al secretario general de la presidencia, Luis Nava; al ex presidente de la estatal de Petróleos de Perú, César Gutiérrez y al empresario dominicano Fortunato Canaán.
En su momento, el presidente de Perú, Alan García señaló que "es un tema grave y preocupante porque rompe la intimidad y la privacidad de las personas, pero a veces sirve para descubrir los crímenes y las monstruosidades, como en este caso (el destape del escándalo del 'Petrogate'). En este caso, yo, personalmente, no me quejo del chuponeo porque sin el chuponeo no hubiéramos descubierto a tiempo que estaban allí moviendo el piso por debajo".
Habla la fiscal general
En entrevista con Terra Magazine, la Fiscal General de Perú, Gladyz Echaíz señaló que "el momento más duro que atravesamos no fue el atentado sino fue tomamos las riendas del ministerio público cuando se fue Adelaida Bolívar (falleció de cáncer), hubo una situación difícil porque habían muchos asuntos pendientes que atender, así como diseñar las nuevas políticas... hacer todo al mismo tiempo fue un desgaste físico y mental".
"El operativo se inicio en octubre (con el grupo especializado Orión) y dio los frutos que todos conocen. Hemos querido avanzar con la investigación para saber quienes eran los contratantes pero lamentablemente los jueces nos han pedido todo el material que se había incautado y que era materia de procesamiento. No obstante la ley dice que el fiscal es el recolector y se decidió que lo entregaran, eso nos ha impedido continuar con la investigación en la segunda fase", explicó Echaíz desde su despacho ubicado en el corazón de Lima.
Terra Magazine: ¿Pero que razonamiento legal explica que el Fiscal no acceda a las pruebas?
Gladyz Echaíz: Supongo que el juez quiere hacer directamente el trabajo. Sin embargo, quien aporta la prueba es el fiscal, pero no conocemos el material. Cuando se logra tener la información, se hacen las incautaciones y recién se comienza a trabajar el material junto a los testimonios, se logra ya una evidencia importante que nos permite formalizar la denuncia pero del material que se incautó solo pudimos revisar el 8 por ciento.
Quedó pendiente un 92 por ciento porque era un material muy voluminoso. Este tipo de trabajo se realiza bajo una técnica especial para que no se malogre la evidencia, se hizo con los peritos trabajando día y noche, no obstante todo ese tiempo solo cubrimos el 8 por ciento.
Hasta que se realizó este destape, ¿Cuán inseguras eran nuestras comunicaciones?
La sensación que tenía la ciudadanía era de una inseguridad terriblemente fuerte, porque los diarios publicaban cada conversación, cada reunión, ya no se sabía de qué dimensión era, intervenimos para darle tranquilidad al pueblo, para decirle que no íbamos a permitir que eso continúe, porque los efectos eran más grandes de lo que podíamos percibir a simple vista: si hay espionaje industrial hablamos de inseguridad económica y de inversión.
Si queremos desarrollar como país debemos dar ese tipo de seguridad, el rol nuestro es ese.
¿Cuál es el grado de involucramiento de la Marina?. ¿Han recibido presiones del Vicepresidente Primero, Luis Giampietri, ex oficial de la Marina?
Hasta ahora hemos encontrado personas individuales, no podríamos involucrar a la institución. No sabemos que ocurrirá mañana: son responsabilidades individuales, sin embargo, continuamos. Puedo decir que como institución la Marina nos ha remitido información de las operaciones que han realizado donde no se ha encontrado nada que señale que la institución fue la que adquirió los equipos de espionaje.
Y en cuanto a presiones, mentiría si dijera que hemos recibido algún tipo de presión, y si vienen sabrán a que atenerse.
¿Hay información sobre los contratantes de las empresas a la empresa que realizaba el chuponeo?
Supongo que ahí se puede encontrar muchas cosas, presumo pero no sabemos lo que tiene, de lo que haya y se revise si es que la juez lo permite, nosotros podemos entregar mayores elementos de prueba o extraer material o presentar información nueva para otro caso de investigación.
Lo que nos preocupa es que se cuide el material para que no pierda y se trabaje técnicamente como lo hicimos.
Hemos apelado ante la Sala, el pedido de trabajar el material, pero aún no se dicta el fallo, mientras tanto el plazo para procesar a los detenidos corre y ese material no se está trabajando, que sepamos no se han nombrado los peritos.
¿A quién le corresponde trabajar el material al juez o al fiscal?
Si bien al Juez le corresponde trabajar la prueba, yo le digo que la prueba la aporta el fiscal y ¿cómo podríamos decir que aportamos tal material, si no conocemos el contenido?, tendríamos que haber trabajado el material para poder decir que el ministerio público ofrece como prueba esto.
¿En condición de que está el material incautado? Mientras no lo revisemos, no sabemos si es válido para reforzar la tesis de imputación o si es valido para el inicio de una nueva investigación porque puede haber otro tipo de delitos u otras personas involucradas que no están comprometidas en la denuncia inicial.
Prácticamente se ha limitado nuestro trabajo, se nos amarraron los brazos.
¿Es la primera vez que sucede?
En otros casos nosotros examinamos toda la evidencia y la hemos presentado como aporte ante el juez, ó hemos pedido que tal juez actúe tal prueba con el conocimiento de que existe esto y está dirigido a tal fin y sirve para acreditar lo que el Ministerio Público está sosteniendo.
¿Es responsabilidad de la Corte Superior de Lima?
Yo no sostengo eso, lo que hemos hecho es interponer los recursos de apelación y usar los canales regulares de la ley porque somos respetuosos de la ley y esperamos que las autoridades decidan. Nuestro trabajo quedo truncó y aún no descubrimos lo que exige la ley y la ciudadanía.
Después de la caída de Vladimiro Montesinos, ¿es la primera vez que se descubre una red de chuponeo a ese nivel?
Es la primera vez que se conoce por lo menos de una empresa determinada con nombres y apellidos.
¿Cuán dañino es que existan estas empresas de espionaje, estudios de abogados que se la ofrecen a los empresarios que esperan este tipo de información. Un círculo vicioso perfecto?
El daño puede ser inconmensurable, nuestra propia sociedad se solventaba en todos sus niveles en sistemas no valorativos, en usar armas que no nos conllevan a construir un país de futuro. Desde el punto de vista económico ha generado una terrible inseguridad y poca transparencia por ejemplo, si tienes una empresa que actúa limpiamente está en desventaja con las otras que usan estas armas para ponerse en ventaja contra ti.
De los vídeos grabados por Vladimiro Montesinos pasamos a los audios de la suite del empresario Fortunato Canaan. ¿No aprendimos nada después de Montesinos?
Parece que no, ¿no? Bajo distintas modalidades estamos siempre hablando de corrupción. La corrupción no es solo del estado sino este tipo de corrupción que afectaba las bases mismas de la sociedad. Imagínate un país inseguro con todos los avances de la tecnología de comunicaciones, imposibilitado de comunicarse por los 'chuponeos'. Es una situación preocupante sobre todo si quieres a tu país y si estas comprometido para hacer un mejor país para tus hijos.
¿Le preocupó el atentado en que peligró su vida?
Yo soy una persona, la institución está constituida por cientos de personas y si no soy yo será otro. Sentí el temor normal que puede sentirse en una situación de esas, pero si querían atemorizarme para impedir continuar se equivocaran, me da mas fuerzas para trabajar.
¿Esperan que la Corte Superior de Lima ordene a la Jueza que les devuelvan el material?
Lamentamos mucho lo que ha ocurrido, solo nosotros y algunas instituciones medios de prensa se han preocupado por el tema pero esperamos que se rectifiquen. Como país merecemos descubrir la verdad y el ministerio público nunca ha demostrado que trata de direccionar nada, todo es transparente, todos los abogados lo pueden ver, esa es la fuerza de nuestras imputaciones. Ojala que se resuelva oportunamente no cuando se venzan los plazos de la instrucción (a los detenidos).
El iniciador
El ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, fue quien dio a conocer los audios que develaron el escándalo de corrupción que estaba detrás de la venta de unos lotes petroleros en la Amazonía a la empresa noruega Discover Petroleum y por el que cayó el gabinete ministerial que dirigía Jorge del Castillo.
En entrevista con Terra Magazine, Rospigliosi refiere que la investigación sobre el chuponeo "está paralizada".
"Entiendo que la juez ha nombrado peritos, pero hasta el momento parece que todo se ha paralizado. Como era de suponerse, el objetivo del gobierno, después del descubrimiento de los 'chuponeadores' y el golpe que sufrieron sus amigos y patrocinadores, iba a intentar acotar el asunto, que se restrinja a unas pocas personas, que no se avance más porque eso comprometería, por ejemplo, al servicio de inteligencia de la Marina. Y también porque entre el material encontrado a los 'chuponeadores' debe haber muchas cosas que afecten a gente poderosa".
¿Esta investigación llegara a algún lado teniendo en cuenta que se estaba por implicar a ex ministros de estado y las empresas que los contrataban?
Difícil saberlo ahora. El caso ha tenido altas y bajas. Es verdad que el gobierno ha tenido éxito en atenuar el ímpetu investigativo de varios medios de comunicación y de hacer lento el trabajo de la fiscalía y el poder judicial, pero pueden ocurrir sorpresas.
Es decir, ¿usted, no es pesimista de los resultados de esta investigación?
No. Las cosas pueden cambiar inesperadamente, como muchas veces ocurre en el Perú. Es verdad que el poder judicial es poco confiable y que el gobierno ejerce presiones muy fuertes. Pero también es cierto que conflictos de diverso tipo pueden hacer que aparezcan nuevas evidencias, que empujen nuevamente el proceso. Es verdad que las cosas son inciertas, porque no estamos ante un poder judicial predecible y confiable.
Terra Magazine