Autonomías: gobierno reconoce falta de consenso

Getty Images "La autonomía no puede afectar la territorialidad de los pueblos; ella recae en las instituciones. Quien diga lo contrario tiene un déficit técnico lamentable, está inhabilitado para debatir", dice Romero.

Helen Álvarez Virreira
La Paz, Bolivia

Al ministro boliviano de Autonomías, Carlos Romero, apenas le alcanza el tiempo Con la presentación del anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y la promulgación del decreto supremo que da luz verde a las autonomía indígena originaria campesina, de todas las regiones y sectores quieren hablar con él en persona, lo que lo obliga a trasladarse de un lugar a otro del país de manera constante.

En un carro oficial, rumbo al aeropuerto, al filo de la hora para alcanzar un vuelo a la ciudad de Santa Cruz, Terra Magazine conversó con Romero sobre el proceso autonómico y, en especial, sobre los cuestionamientos de organizaciones indígenas que no están de acuerdo con la forma en que el gobierno lo está llevando adelante.

El ministro perdió el vuelo. Y casi pierde su habitual calma, porque no cree que las críticas provengan de sectores indígenas, sino del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), una organización no gubernamental que él mismo dirigió y a la que pertenecieron varias ex y actuales autoridades del gobierno de Evo Morales.

Dos días antes de la entrevista, en el primer encuentro nacional autonómico del bloque indígena originario, dos de las principales agrupaciones indígenas manifestaron su malestar frente a lo que calificaron como una imposición de formas autonómicas. Unas critican la "tendencia municipalista de las autonomías indígenas"; otras, la "campesinización" del pueblo indígena; unas más se sienten excluidas de la discusión.

El Ministro minimiza esos reparos y afirma que lo que sí está tomando más tiempo es lograr consensos con los otros sujetos autonómicos, en especial con los prefectos (máximas autoridades de departamento) opositores.

Romero indicó que, en septiembre, reconstituirán el Consejo Autonómico, luego de agotar "un proceso de deliberaciones y consenso con los sujetos autonómicos por separado". Lamenta que no haya habido posibilidad de lograr un acercamiento con los prefectos opositores, de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca. Por el contrario, dice, "ellos han adoptado un posicionamiento político" y empiezan "a reavivar consignas", como la de la república oriental o el estado binacional. "Parecieran estar muy lejos de cualquier posibilidad de acercamiento con el gobierno".

Terra Magazine: ¿Cómo se ha previsto la elaboración de los estatutos autonómicos, una vez que se apruebe la ley marco? Ha habido reclamos de varios sectores respecto a la Constitución, en sentido de que la discusión no fue suficiente y que las decisiones se tomaron entre partidos, con intervención de organizaciones no gubernamentales.

Carlos Romero: La Constitución, si ha tenido una riqueza, ha sido la de un alto nivel de involucramiento y participación ciudadana. Hemos tenido, en promedio, más de 400 propuestas desde la sociedad civil en cada comisión temática y de más cuatro mil en el conjunto de la Asamblea Constituyente. Con esa experiencia y con las deficiencias que hemos podido tener, aspiraríamos a que el proceso autonómico sea lo más participativo, por la solidez del proceso en sí mismo, su sostenibilidad y su verdadero alcance histórico. Estamos intentando hacer una proyección de Estado para 150 años, tiene que involucrar la participación de todos los actores y, sobre todo, tiene que encarar como desafío que actores diferentes tengan la capacidad de converger en torno a ideas colectivas. Asimismo, tiene que tener la capacidad de expresar las particularidades de cada uno de los departamentos.

Va a ser muy importante la autonomía paceña, por ejemplo, porque históricamente La Paz es un referente político e ideológico para el conjunto del país. La autonomía no tiene que ser concebida solamente en términos de ajuste de institucionalidad; también tiene que vincularse a lo estructural productivo; pero también tiene que plantear la posibilidad de gestionar adecuadamente la diversidad cultural del país, permitiendo una cohabitación, en términos de complementariedad, entre las autonomías departamentales y las indígenas.

¿Las autonomías indígenas no representan un escenario de división entre la población urbana y rural, incluso cultural?

Exactamente todo lo contrario. La autonomía indígena va a permitir incorporar a las instituciones indígenas originarias, que históricamente fueron negadas por el Estado republicano y va a permitir incorporarla a la organización estatal.

La autonomía indígena va a legitimar al Estado, va a permitir construir intersecciones entre la institucionalidad originaria de los indígenas y la liberal. Y, desde nuestro punto de vista, debe lograr una mejor cohesión, no solamente en las estructuras de Estado , sino entre la población, porque la autonomía debe coadyuvar en la superación de las desigualdades campo-ciudad, desigualdades de clase, sociales, y también debe permitir que se generen procesos de gestión pública intercultural, de tal manera que el modo de ser cultural de colectividades diferenciadas, sea complementario con el modo de ser y la organización de las sociedades urbanas.

Algunas organizaciones indígenas han manifestado que el gobierno impulsa las autonomías desde los municipios y no desde la reconstitución del territorio ancestral, que era lo que esperaban; ¿cómo ve este cuestionamiento?

En este tema específico lo que veo es que simplemente hay gente interesada, enemigas del proceso de cambio, que hacen estas interpretaciones absolutamente deformadas del texto constitucional y del procedimiento que hemos instituido.

Primero, la autonomía de ningún modo puede afectar la territorialidad de los pueblos; la autonomía recae en las instituciones de gobierno y no en los territorios. Quien diga lo contrario tiene un déficit técnico lamentable, que lo inhabilita para debatir. En segundo lugar, la autonomía ciertamente se refiere a la constitución territorial, pero no es verdad que por la vía de la aplicación del procedimiento, aprobado en el decreto, vamos a municipalizar el proceso autonómico indígena.

La Constitución dice que los municipios que se convierten a la autonomía indígena dejan de ser municipios, eliminan su institucionalidad municipalista y adoptarán la estructura del autogobierno indígena. Pero también tienen como ventaja que, además de las competencias asignadas al municipio actual, adquieren las asignadas a la autonomía indígena, a través de una vía corta de acceso.

El municipio que se convierta a la autonomía indígena, lógicamente, va a mantener sus límites territoriales, pero no van a ser unos límites petrificados. Un municipio que se convierta a la autonomía podría ampliar sus límites territoriales incorporando otros territorios o municipios, más adelante, para constituir una región indígena. Y por esa vía no se afecta el diseño de institucionalidad de autogobierno con la aspiración de reconstitución territorial.

¿Estas críticas tienen que ver también con el rechazo de la Cidob (una de las grandes organizaciones originarias) a la reducción de los escaños indígenas?

No, eso ya ha sido superado. Prueba de ello es que la Cidob ha apoyado la candidatura del presidente Morales, ha levantado cualquier observación a ese procedimiento y ha reconocido que es un gran avance de la democracia boliviana el haber incorporado las circunscripciones especiales indígenas, que si bien hoy día son seis, ayer eran cero y mañana podrán ser 18 ó 20. Con la Cidob tenemos una excelente relación, no tiene que ver un tema con el otro. Los movimientos sociales son parte de este proceso de cambio, simplemente algunas personas autoexcluidas del proceso son las que pretenden deformar nuestra relación con los movimientos sociales.

Otro reclamo es que hay muy poco tiempo para presentar las solicitudes de autonomías indígenas, hasta el 24 de agosto, desde el 2, cuando se promulgó el decreto, y que no ha habido una coordinación con las organizaciones indígenas.

No me parece relevante, yo quiero tocar los temas de fondo de las autonomías indígenas y no estas circunstancias muy coyunturales. Se ha coordinado y se ha trabajado con los técnicos, se ha coordinado con las organizaciones sociales. Y promulgar un decreto supremo no es lo mismo que redactar un voto resolutivo desde una ONG. Hubo un proceso largo de consensos y trabajo técnico. Ha habido muchos esfuerzos y trabajos conjuntos que se han hecho para evitar que se cuestione ese procedimiento. Esto explica el manejo de los tiempos.

Usted está encargado de la campaña presidencial en Santa Cruz, ¿cómo está yendo esto, qué tareas realiza y cómo las combina con su trabajo en el Ministerio?

No veo que tiene que ver con el tema autonómico.

La pregunta se refiere a estas otras actividades que realiza, dada la cercanía del inicio de la campaña para las elecciones...

Es que no estoy haciendo ninguna actividad, yo estoy haciendo gestión pública en torno al tema autonómico. No estamos en campaña.

Usted admitió hace un tiempo que sí había sido designado como responsable para la campaña...

No dije eso, lo que yo dije es que los ministros hacemos política, porque es lógico; todo el mundo hace política en este país. Hacemos política en nuestros tiempos libres. Después hacemos gestión y tenemos muchísimos resultados y acciones que informar.