Redacción BBC Mundo
El congreso colombiano aprobó una reforma a la Constitución que podría poner fin a los procesos judiciales en contra de legisladores y altos funcionarios públicos, en una medida que generó una oleada de críticas y que amenaza con convertirse en un dolor de cabeza político e institucional para el gobierno.
El presidente Juan Manuel Santos ya dijo que no sancionará ni promulgará la denominada Reforma a la Justicia, pues esta podría paralizar "cerca de 1.500 investigaciones" en contra de altos funcionarios involucrados en diferentes escándalos o casos de corrupción.
Además, aún no está claro cuál sería el impacto de las nuevas disposiciones sobre los procesos o sentencias en contra de exfuncionarios y excongresistas, incluyendo a los condenados por su vinculación con grupos paramilitares o escándalos como las escuchas telefónicas ("chuzadas") del DAS, entro otros.
"No ha sido una decisión fácil. Pero la buena salud de la justicia y nuestro compromiso por la transparencia y contra la corrupción están por encima de todo", dijo Santos al momento de anunciar la devolución de la reforma constitucional al legislativo, algo que no había ocurrido nunca en la historia del país.
El mandatario criticó particularmente la decisión del congreso de quitarle competencias a la Fiscalía para la investigación de altos funcionarios, así como una serie de medidas que beneficiarían a los parlamentarios requeridos por la justicia.
De entrar en vigencia, la reforma tampoco permitiría inhabilitar de por vida a ningún congresista que viole la ley.
Cambios "de último minuto"
Lo curioso del caso es que el presidente Santos controla al 90% del congreso.
Y, hasta anoche, el gobierno se había mantenido firme en su apoyo al proyecto de reforma a pesar de las críticas de numerosos sectores, incluyendo al mismo poder judicial.
De hecho, el apoyo de muchos magistrados sólo dejó de ser frontal cuando el proyecto extendió su período en las altas cortes de ocho a 12 años.
Y la impresión dejada por el ministro de Justicia colombiano, Juan Carlos Esguerra, era la de que el ejecutivo se había resignado a la inclusión de esa y otras medidas polémicas a cambio de conseguir la aprobación del proyecto, que tenía como objetivo declarado modernizar y descongestionar al sistema de justicia del país.
La actual posición del Ejecutivo, sin embargo, es que los parlamentarios incluyeron importantes cambios de último minuto durante la sesión de conciliación del texto entre el Senado y la Cámara de Representantes, el jueves.
Y al ministro Esguerra no se le permitió participar en dicha sesión.
Limbo jurídico
Para complicar más las cosas, la Constitución colombiana no le da al presidente la facultad de vetar reformas constitucionales.
Y, según varios expertos, este tipo de reformas no requieren tampoco de la firma del presidente para su entrada en vigor.
El ejecutivo puede, sin embargo, impedir su publicación en el Diario Oficial.
Y Santos dijo confiar en que el congreso entendería y aceptaría sus objeciones.
Los parlamentarios, sin embargo, ya están de vacaciones.
Lo que significa que el debate jurídico, y el político, podría extenderse por un buen tiempo.
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